Argentina es uno de los pocos países de América Latina que aún no cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública a pesar de que varias provincias, municipios y el propio Poder Ejecutivo Nacional regularon el ejercicio de este derecho en su ámbito. En un contexto político complejo, catorce proyectos de ley esperan a ser tratados en los próximos días por el Congreso. 

Desde 2009 hasta la fecha se han presentado en el Congreso Nacional Argentino catorce proyectos de ley de acceso a la información pública. Catorce, en la Cámara de Diputados y seis, en la Cámara de Senadores. La mitad de los proyectos se presentaron en 2009 y la otra mitad, en lo poco que va de 2010, un dato que revela el interés de los/as legisladores/as en sancionar, de una vez, la ley que Argentina merece.  

Aunque el contexto político es complicado, hay claros indicios para pensar que una ley de acceso a la información pública podrá ver la luz. Los proyectos presentados en la Cámara de Diputados, pertenecen a distintas líneas políticas y los seis presentados en la Cámara de Senadores, pertenecen a seis partidos políticos diferentes. La intención de regular el ejercicio de este derecho está instalada en la agenda politica, ahora resta esperar que se les de un tratamiento profundo y responsable.

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de acceso a la información pública, presentarán en conjunto, un documento con los estándares mínimos que una buena ley de acceso a la información pública debería tener. Este documento se hará público en las próximas semanas e intentará que el texto de la ley que se discuta en comisión a partir de los diferentes proyectos ya presentados se adapte a estos requisitos que son reconocidos internacionalmente.

Las organizaciones declararon que sancionar una ley de acceso a la información pública que regule este derecho en todas las esferas del Estado a nivel nacional, es necesario porque se trata de un derecho fundamental previsto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además –manifestaron-, “la regulación del derecho permite garantizar a la sociedad, el pleno ejercicio de otros derechos humanos como la salud, la educación, la vivienda o los derechos político”.

En los últimos años, varios países de Latinoamérica han sancionado leyes con la intención de traspasar la cultura del secretismo imperante en el continente. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Chile y Uruguay son los últimos países que dieron este paso y, si continúa el proceso esperado, próximamente Brasil –que acaba de dar media sanción a la ley impulsada por el ejecutivo (Ver: La Cámara de Diputados de Brasil aprueba ley de acceso a la información pública)- se sumará a la lista. ¿Será 2010 el año en que también argentina sancione finalmente su propia ley?