Una posible modificación a la ley vigente en materia de acceso a la información pública y varios obstáculos en el funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información, preocupan a la sociedad civil mexicana. Las modificaciones podrían significar un retroceso en esta materia.

La resistencia de algunas autoridades públicas para dar cumplimiento a las resoluciones del órgano garante de la transparencia y el acceso a la información y la posibilidad de incrementar las instancias de revisión para concretar el efectivo acceso a datos públicos, ponen por estos días en jaque la situación del derecho de acceso a la información pública en México.

A través de una nota publicada por el diario El Universal en los primeros días de 2010, se supo que el gobierno de México trabaja en una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde 2002. La reforma buscaría que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sean revisadas por un tribunal administrativo, demorando la obtención de una respuesta. De modificarse la norma, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) tendría competencia para examinar las decisiones a las que arribe el IFAI. Así, esta instancia se constituye como un eslabón más entre el IFAI y la Justicia para lograr acceder a la información solicitada.

Frente a esta posibilidad, Artículo 19, una organización de la sociedad civil especializada en la materia, emitió un comunicado en el que expuso que “un documento con esas características sería claramente inconstitucional y regresivo en tanto afectaría de manera negativa el marco constitucional garantista que actualmente establece la protección del derecho de acceso a la información en México”.

Por su parte, Miguel Pulido, Director Adjunto de Fundar – Centro de Análisis e Investigación, otra organización mexicana dedicada a este tema, explica que “esta idea de crear nuevas instancias que revisen las resoluciones de los órganos garantes del acceso a la información es mala por donde se la vea”. Asegura que “sin duda lastima el interés simple y la previsión constitucional de procedimientos expeditos, y es opuesta a las mejores prácticas y a las recomendaciones de distintas instancias multilaterales y organismos especializados”. Pero fundamentalmente afirma que “es contraria al interés de la ciudadanía”. Sucede que en caso de sancionarse tal modificación a la ley, difícilmente pueda obtenerse la información solicitada en forma oportuna desnaturalizando así el ejercicio del derecho.

Esta posibilidad complejiza la situación del derecho de acceso a la información en México ya que, en otros aspectos, una reforma de la ley puede ser necesaria. En este sentido, Artículo 19 advirtió que “el abrir la discusión en la Cámara de Diputados representa un riesgo por el temor a retrocesos o debilitamientos del sistema. Al mismo tiempo, representa también la oportunidad de mejorar la Ley Federal, por ejemplo, al incluir como sujetos obligados directos a partidos políticos y sindicatos”.

Además, hace varios años que las resoluciones del IFAI generan resistencia por parte de algunos organismos públicos que se niegan a cumplirlas. En este contexto, otra de las preocupaciones de la sociedad civil es que la modificación legal propuesta debilite aún más al Instituto. Según informes realizados por el propio IFAI, la Procuraduría General de la República (PGR) es la dependencia que más oposición presenta a cumplir con las resoluciones del Instituto. Articulo 19 expresa que “la PGR, institución que tiene como mandato preservar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la procuración de justicia, impide la transparencia de su gestión ignorando el cumplimiento de las resoluciones del órgano garante que le ordenan entregar información”. Denuncia a su vez que la PGR “reiterativamente se ha negado a entregar información cuando el IFAI ha determinado que por su naturaleza es pública y debe ser entregada a los particulares”.

México se ha posicionado como un referente en cuanto al derecho de acceso a la información se refiere debido a la experiencia desarrollada en la última década. Especialmente, gracias a instituciones como el IFAI que sirvieron de ejemplo a otros tantos países de la región. Sumar instancias de revisión para obtener información, debilitando a este organismo, podrían significar un grave retroceso para el caso mexicano en materia de acceso a la información pública.