El abogado estadounidense especialista en derecho de acceso a la información pública, Thomas Susman, explica la importancia de sancionar leyes de acceso a la información pública y el rol que cumple la sociedad civil en este proceso.

Luego de su paso por la Argentina, donde participó como invitado especial de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de un desayuno con legisladores, periodistas, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, analiza la importancia de que se sancionen leyes nacionales de acceso a la información pública.

Graduado en la Universidad de Yale, Susman en su profesión de abogado, se especializó en el trabajo con el Congreso, colaborando en la implementación y adecuación de normas legales, particularmente en temas de acceso a la información pública, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente. Desde 2010 forma parte del Consejo Asesor Internacional de la ADC y acompaña a la organización en el liderazgo de una campaña nacional para impulsar la sanción de una ley de acceso a la información en Argentina. Sobre este desafío afirma que “es una responsabilidad difícil la que le toca a la sociedad civil”.

En Argentina existe un Decreto que rige en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y leyes provinciales que regulan el derecho de acceso a la información pública. ¿Por qué piensa que aún es necesario e importante sancionar una ley nacional?

- Una ley nacional es más poderosa que un decreto. Primero, un decreto está sujeto a cambios sin previo aviso, y éstos no son siempre públicos, por eso carece de la estabilidad y previsibilidad de una ley. Segundo, una ley refleja un mayor compromiso nacional y otorga mayor circunscripción que un decreto, y eso es más respetable por el público. Tercero, los tribunales son más propensos a tomar en serio la aplicación de una ley. Y, finalmente, una ley lleva a un mayor respeto en el ámbito internacional como una representación de la política nacional.

Teniendo en cuenta su experiencia en la promoción de leyes. ¿Cuál es para usted el mejor procedimiento para poder sancionar una ley que se ajuste a los estándares internacionales?

- La adopción de una ley de acceso puede surgir del liderazgo del Poder Ejecutivo y de los miembros electos del Congreso, de las presiones ejercidas por las instituciones internacionales de créditos y los inversores, de las preocupaciones del público en general, de la promoción agresiva de la sociedad civil, de las voces de los medios de comunicación, o, de todas las anteriores. Cuanto más fuerte y más amplio sea el apoyo a una nueva ley, es más probable que la ley sea compatible con las normas internacionales y que respondan a las necesidades del público.

¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la promoción de leyes de acceso a la información pública? ¿Que otros actores pueden involucrarse en este proceso?

- Los beneficiarios de la ley de libertad de información se extienden mucho más allá de la sociedad civil. Es para el ciudadano medio, para las grandes corporaciones, los gobiernos locales, y para el propio gobierno nacional. Los medios de comunicación son también beneficiarios directos. Sin embargo, por lo general corresponde a la sociedad civil educar a los demás sobre los beneficios de la transparencia, y ésta es una responsabilidad difícil.

Además de la sanción de una ley de acceso a la información. ¿Qué otras actividades deben ser llevadas a cabo para sobrepasar la cultura del secreto que todavía existe en algunos países de Latinoamérica? ¿Cuál debería ser el rol del Estado?

- Una ley de acceso a la información es solo una pieza para la superación de la cultura del secreto. Cada entidad gubernamental debe tener como responsabilidad la difusión pro-activa de información al público a través de una variedad de medios, incluido Internet. Debe haber una efectiva protección para los empleados del gobierno, de tal modo que se sientan seguros cuando dan información que el publico debe tener, aún cuando la información revelada sea opuesta a la más poderosa fuerza del gobierno. Tanto los incentivos positivos como las sanciones punitivas deben incluirse en la legislación para formar la presunción de transparencia de las instituciones gubernamentales. Y los mecanismos para seguir y medir la eficacia de las leyes de divulgación serán indispensables para garantizar su implementación. En una nación democrática, el Estado debe entender e identificarse con los intereses de la gente, libertad de información y una cultura de transparencia surgirá de un compromiso conjunto, una asociación. Una relación de confrontación es probable que retrase el proceso de apertura.