La Alianza Más Información más Derechos, que promueve el debate sobre el derecho de acceso a la información pública en Colombia, presentó un proyecto de ley para regularlo de manera autónoma. 

Aunque en Colombia existe un sólido reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública, lo cierto es que no existe en ese país, una ley nacional que regule estrictamente el derecho de las personas de acceder a la información pública que se encuentra en manos del Estado.

Así, la Alianza Mas Información más Derechos, conformada por el Proyecto Antonio Nariño, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Transparencia por Colombia, el CIDER de la Universidad de los Andes, el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad-DeJuSticia, el Centro de Investigación y Educación popular CINEP y el Programa Bogotá Cómo Vamos, presentó días pasados, un proyecto de ley para regular este derecho.

El proyecto tiene como punto de partida la Ley Modelo Interamericana sobre Derecho de Acceso a la Información, aprobada recientemente por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ahora, comenzará un proceso de consulta entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y miembros de la ciudadanía.

El proyecto prevé la creación de las herramientas necesarias para el ejercicio efectivo del derecho. Desarrolla el concepto de derecho de acceso a la información, enumera los sujetos obligados a cumplir y se basa en el principio de máxima publicidad y en el de divulgación preactiva a cargo del Estado. También, la norma, contempla un listado de excepciones o reservas a ese principio de publicidad. Se prevén los plazos para brindar la información, y los mecanismos y herramientas necesarias para la garantía real del derecho. Crea la Delegada de la Información como instancia adecuada para la promoción, garantía y adecuada implementación tanto del derecho de acceso a la información como de las herramientas y mecanismos creados por la ley. Por otra parte, el proyecto contempla la obligación de contribuir a la transformación cultural de la sociedad mediante la formación y capacitación.