La mayoría de las leyes que regulan el derecho de acceso a la información pública en los países de Latinoamérica prevén la posibilidad de que el Estado deniegue la información solicitada. Ello ocurre porque existen ciertas excepciones expresamente previstas en la ley. Por ejemplo, ciertos datos que el Estado posee pero que son de terceros y no puede cederlos o bien información que puede poner en peligro un interés superior, como la seguridad nacional. Esta negación, en la mayoría de los casos, debe ser notificada al peticionante por escrito, expresando las razones legales en que se fundamenta.

En su experiencia ¿alguna vez se le denegó la información? En ese caso, ¿le notificaron las razones por las cuales la información no podía ser entregada? ¿Cuáles fueron esas razones?

En este debate, hemos intentado saber si los/las periodistas que utilizan la herramienta de acceso a la información pública reciben habitualmente respuestas negativas por parte del Estado y cuáles son las razones. La mayoría de las leyes que regulan el derecho de acceso a la información pública en los países de Latinoamérica prevé la posibilidad de que el Estado deniegue la información solicitada. Esto se debe a que existen ciertas excepciones al principio de la publicidad, tales como los datos que pueden poner en peligro un interés superior, como la seguridad nacional. Aún así, esa negación debe ser notificada al peticionante, expresando las razones legales en las que se fundamenta.   

Haciendo una evaluación general de los comentarios presentados en el foro por las/los periodistas, podemos afirmar que muchas veces las solicitudes de información que se presentan ante los diversos organismo públicos, son denegadas. Sin embargo, los/las participantes plantearon diferentes escenarios.

Algunos/as periodistas afirmaron que reiteradamente el Estado les ha negado la información requerida, muchas veces sin ni siquiera responderles formalmente. Concientes de que esto significa una violación a un derecho, se muestran enojados. Uno de ellos afirma: ?no tuve el privilegio de que me justificaran la negativa?.

Por su parte, una periodista aseguró que al presentar habitualmente peticiones formales de información pública ante diferentes dependencias del Estado, son múltiples las respuestas que ha obtenido. ?Algunos funcionarios se han negado a dar la respuesta por escrito y han preferido responder las preguntas a través de una entrevista. Otros han insistido en que los únicos autorizados para dar la información son sus superiores. En otras ocasiones he obtenido respuesta por escrito en las que me remiten a la pagina web del organismo?.

En la discusión, un periodista caratula de ?insólitas? las respuesta que el Estado le ha otorgado, al responderle que ?el material solicitado se puede ver pero no se pueden sacar copias?, o que ?hay que pagar hasta las horas hombre de la persona que copie el material?.

Finalmente, un periodista comentó haber perdido la cuenta de la cantidad de pedidos que no le han sido respondidos. ?En los casos en los que el silencio ha sido la principal respuesta todavía no hemos terminado el debate de si debemos proceder judicializando las negativas o no?, sentenció.

En definitiva, pese a que el periodismo ha ido incorporando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública como herramienta útil para su labor, aún en muchos casos se enfrenta a obstáculos propios de la cultura del secretismo que, poco a poco, se busca permear en nuestros países de Latinoamérica.