La periodista Briceida Morales del diario venezolano La Prensa, realizó una investigación para conocer si las concesiones para la extracción del mineral conocido como “granzón” en la región sudoccidental de Venezuela se encuentran en regla y no afectan al medio ambiente.

Tanto para saber si el Estado venezolano realiza una entrega formal y adecuada de las concesiones para la extracción de granzón en minas ubicadas en la zona de Barinas, al Sudeste del país, como para conocer si efectivamente se solicitan los estudios de impacto ambiental necesarios y si las empresas operan de manera correcta y con los requerimientos técnicos suficientes, es que la periodista realizó dos solicitudes de información pública. Una fue dirigida a la Dirección Estadal de Ambiente de Barinas y otra al Consejo Legislativo Regional. Ambas se fundamentaron en el artículo 51 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

La primera petición de información buscaba principalmente conocer en qué zonas de Barinas está permitido y en qué zonas no, la extracción de material granular no metálico conocido popularmente como “granzón”. En su respuesta, el Director de Ambiente en Barinas, Rafael Izarra, declaró que “ para el saque de material granular no metálico el interesado de realizar la actividad de extracción debe presentar por escrito ante la Dirección Estadal de Ambiente de Barinas, el sitio donde se pretende ejecutar dicha actividad, con su respectivo levantamiento topográfico, y luego se procede a realizar una inspección técnica y análisis de la información consignada, procediendo este despacho posteriormente a otorgar la facilidad o no del sitio para la realización de la actividad solicitada”.

La segunda petición solicitaba al Consejo Legislativo el anteproyecto de ley para la regulación de la extracción de material granular. Como respuesta, la periodista recibió una copia de una Ley de Reforma Parcial de la Ley sobre el Régimen y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Estado Barinas.

La investigación de la periodista y las respuestas de los organismos públicos, sirven para preguntarse si realmente la entrega de las concesiones a las distintas empresas se hace cuando y como corresponde, y si se cumple efectivamente con el artículo 24 de dicha ley que establece que “el solicitante deberá ofrecer ventajas especiales, de acuerdo con la naturaleza, magnitud y demás características de cada proyecto, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones físicas, culturales, sociales y económicas de las comunidades establecidas en las áreas objetos de concesión”.